Cientos de peces muertos en el Bajo Urubamba alertan de daño ecológico

 

La presencia de cientos de peces muertos en las riberas del Río Urubamba en la zona conocida como OROPEL desde el 08 de setiembre causa consternación entre los comuneros y alerta sobre un posible daño ecológico. Así lo informó David Martínez de Aguirre, misionero que atiende las zonas de Kirigueti y Timpía en el Bajo Urubamba, en la frontera entre la región Ucayali y Cusco. 

 

Martínez indica que los peces muertos se extienden hasta el Río Mipaya y el Río Picha, sumándose a la denuncia de Eusebio Chineri Pinedo, vicepresidente de la comunidad nativa de Sepahua en Ucayali, quien viajó a Lima para exigir una investigación ante lo que denominó “crimen ecológico”. 


Se presume que las causas de la muerte masiva de peces tendría relación con la explotación de hidrocarburos pues en la zona cruza el trazado del ducto FLOW LINE MIPAYA-PAGORENI A y opera la base “Peruanita” de la empresa Petrobras. Por ello, los comuneros del lugar, en su mayoría Matsiguengas, solicitan una investigación y pronunciamiento oficial de las empresas ligadas al proyecto Camisea y que operan en el Bajo Urubamba, como Plus Petrol, Petrobras y Repsol.

 

Por su parte, la respuesta de Pluspetrol ha causado aún más consternación: en el informe oficial del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario de Urubamba atribuyen la responsabilidad a los comuneros indicando que “según los veedores de Shivankoreni la mortandad de estos peces habría ocurrido aproximadamente hace dos o tres días a consecuencia de que algún habitante habría echado barbasco (especie de planta tóxica para los peces) en la cocha.”

 

Para los matsiguengas es “lamentable y abusivo que la empresa les culpe a ellos de haber causado tremenda mortandad de pescado” pues aseguran que la tradicional pesca con barbasco está regulada por las comunidades y nunca ha causado tal número de peces muertos. Por ello, plantean un Plan de Monitoreo Ambiental autónomo financiado por la municipalidad que no responda a los intereses de las empresas.

 

Frente a esta situación Martínez señala que “la gran desgracia es que no tenemos un monitoreo ambiental independiente. Ni a las autoridades distritales, provinciales, regionales, ni a salud parece importarle el asunto”. Lo cierto es que los comuneros esperan una investigación profunda que permita sancionar a los responsables.